Voz Editorial “La Educación Pública y el Decreto Presidencial 272-16”, 4-10-2016
Las evaluaciones que al fin de cada año realizan organismo internacionales, adscritos a la UNESCO y otras entidades, a los fines de determinar el grado educacional de los países del mundo, sitúan a la República Dominicana en los últimos lugares de ese largo listado, que contrasta con la llamada “Revolución Educativa”, que tanto publicita el Ministerio de Educación.
En medio de esa realidad que vivimos, el presidente licenciado Danilo Medina creó las bases para mejorar la calidad de los maestros, al emitir el decreto número 272-16, que establece el nuevo estatuto orgánico del Instituto Superior de Formación Docente “Salomè Ureña”.
Este nuevo estatuto orgánico actualiza el hasta ahora vigente, el cual tenía 13 años de antigüedad, y tiene como prioridad mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes, hoy tan cuestionados por el liderazgo de la Asociaciòn Dominicana de Profesores (ADP).
Estamos muy de acuerdo que desde el despacho presidencial se busque mil maneras para invertir en la calidad educativa, pero éstos pueden ser intentos fallecidos, si antes no se mejora las condiciones de vida de sus actores, que son a la vista de todos, los maestros, que en su mayorìa perciben sueldos de miseria, pensiones pìrricas y un seguro médico extremadamente deficiente.
Si es verdad que el presidente Danilo Medina tiene como eje estratégico para este cuatrienio invertir grandemente y con eficacia en la calidad educativa, debiera dejar sin efecto las tantas y tantas cargas impositivas, que perforan los bolsillos de los maestros y de todo el pueblo dominicano.
¡Aguante el chucho, señor presidente, porque la carga es muy pesada en estos tiempos de la alegada Revolución Educativa!!!!!