Voz Editorial “El Agravamiento de la Contaminación Sonora”, 4-9-2018
Evacuada la Constitución del 6 de Noviembre de 1844 y sus consiguientes normativas, el ejercicio público de cada ciudadano està reglamentado en todas sus partes, sin importar su status social, político y religioso.
Es por ello que nos sorprendemos cada vez que “honorable” legislador en busca de justificar su existencia, plantea modificaciones a leyes y reglamentos, que en su mayorìa son copias de países en pleno desarrollo constitucional.
En los más recientes gobiernos se han puesto en marcha numerosas instituciones y se han asumido estrategias y tecnicismos para enfrentar el creciente ruido en el sistema vial, pero todos sin excepción han sido infructuosos.
Actualmente contamos con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ministerio de Medio Ambiente y Departamento Antirruidos de la Policía Nacional, en cuyos sostenimientos el Estado invierte miles de millones de pesos, pero visto que sus respectivos programas preventivos han sido un fiasco, la contaminación sonora sigue su agitado curso.
Ahora desde el recién creado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), se busca la regulación de los ruidos excesivos emitidos por los vehìculos de motor y con ello se persigue cumplir con lo que establece la Constitución. Citamos: “toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, a habitar en un ambiente sano”.
Recomendamos a la Jefatura del INTRANT, colocar sus ojos en la avenida Presidente Antonio Guzmàn Fernàndez, donde jebitos en horas de la madrugada realizan competencias en carros de altos cilindrajes, con cuyos sonidos hacen imposible conciliar el sueño a los residentes en esa parte de la ciudad.
¡Mano a la obra, señores del INTRANT!!!